La corrupción es un fenómeno creciente y mundial. Mucho se habla sobre los niveles de corrupción en México, pero hasta qué punto somos un país con altos niveles de corrupción, y si así fuera en qué medida afecta al desempeño de la economía. ¿Cuál es el costo de la corrupción? ¿Quiénes son los más vulnerables a estas prácticas? ¿Cómo se puede medir la corrupción? En respuesta a estas preguntas la asociación civil Transparencia Mexicana presentó los resultados del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2005 (INCBG). A partir de los resultados de este trabajo y de los anteriores (2201 y 2003) se pueden proponer diseños de política pública para disminuir o eliminar el efecto negativo de la corrupción en la calidad de la gestión pública y en la economía en su conjunto.
El INCBG es una herramienta que mide no sólo la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción, sino también el número y costo de los actos de corrupción en que incurren los ciudadanos. Permite evaluar los avances en el combate a la corrupción en el tiempo y facilita la identificación de responsabilidades y competencias a partir de los niveles de corrupción que se encuentren en la oferta de servicios públicos en los tres niveles de gobierno (federal, local y municipal) y en el sector privado.
Los resultados nacionales del INCBG indican que el Estado de la República con menor índice de corrupción es Querétaro, el cual ha mejorado notablemente su posición, ya que de ser el número 24 en el 2001 cuatro años después se ubica en la primera posición eso habla de un buen desempeño de las autoridades locales para combatir el fenómeno de la corrupción. En el otro extremo del índice se ubica el Distrito Federal, el cual consistentemente se ha ubicado en el último lugar, esto debería ser un tema preocupante para el gobierno local y se deberían de tomar medidas al respecto.
Ahora bien, cuál es el impacto económico de la corrupción. La encuesta registró más de 115 millones de actos de corrupción en el uso de 35 servicios públicos, en promedio las “mordidas” costaron a los hogares mexicanos $117.40, lo anterior implica poco más de 19 mil millones de pesos anuales en pagos de “mordidas”, lo cual representa el 8 por ciento del ingreso de los hogares, mientras que para las familias con ingresos de hasta 1 salario mínimo, este impuesto regresivo llega a representar el 24 por ciento de su ingreso. Por lo tanto, sí existe un efecto económico de la corrupción y según muestran los datos éste es negativo, ya que esos recursos se pudieron destinar a otras actividades que generaran crecimiento económico.
La corrupción es pues, desde mi perspectiva, un efecto y no una causa. Es un efecto del costo creciente de la legalidad. Por lo tanto, un análisis económico de la ley resulta indispensable para entender el problema de la corrupción, la cual sería una consecuencia de una mala economía de la ley, es decir, cuando el costo de la legalidad excede a su beneficio, la ley se incumple. Así cuando la ley es excesivamente costosa el individuo se enfrenta a hacer las cosas prohibidas o no hacerlas, esto dependerá de un análisis microeconómico personal de cada individuo.
De esta forma, la corrupción representa una distorsión del comportamiento de los agentes, por lo tanto desde el punto de vista económico es ineficiente, debido a que desaprovecha los recursos escasos. Entonces, ¿cuál es la solución para combatir la corrupción? Esto no se soluciona con campañas de publicidad, se deben aplicar políticas públicas que busquen disminuir el costo de la ley, esta es la solución a largo plazo para terminar con este problema, o al menos reducirla.
Una economía de mercado supone un costo de la legalidad más bajo que una economía intervenida. Dado que la corrupción es menor en un sistema en el cual el costo de la legalidad es bajo (una economía de mercado), es recomendable introducir políticas económicas que fomenten una economía más libre, ya que en este ambiente los condicionamientos institucionales son diferentes y permiten que se compruebe la correlación de que a mayor libertad económica hay menos corrupción.
El INCBG es una herramienta que mide no sólo la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción, sino también el número y costo de los actos de corrupción en que incurren los ciudadanos. Permite evaluar los avances en el combate a la corrupción en el tiempo y facilita la identificación de responsabilidades y competencias a partir de los niveles de corrupción que se encuentren en la oferta de servicios públicos en los tres niveles de gobierno (federal, local y municipal) y en el sector privado.
Los resultados nacionales del INCBG indican que el Estado de la República con menor índice de corrupción es Querétaro, el cual ha mejorado notablemente su posición, ya que de ser el número 24 en el 2001 cuatro años después se ubica en la primera posición eso habla de un buen desempeño de las autoridades locales para combatir el fenómeno de la corrupción. En el otro extremo del índice se ubica el Distrito Federal, el cual consistentemente se ha ubicado en el último lugar, esto debería ser un tema preocupante para el gobierno local y se deberían de tomar medidas al respecto.
Ahora bien, cuál es el impacto económico de la corrupción. La encuesta registró más de 115 millones de actos de corrupción en el uso de 35 servicios públicos, en promedio las “mordidas” costaron a los hogares mexicanos $117.40, lo anterior implica poco más de 19 mil millones de pesos anuales en pagos de “mordidas”, lo cual representa el 8 por ciento del ingreso de los hogares, mientras que para las familias con ingresos de hasta 1 salario mínimo, este impuesto regresivo llega a representar el 24 por ciento de su ingreso. Por lo tanto, sí existe un efecto económico de la corrupción y según muestran los datos éste es negativo, ya que esos recursos se pudieron destinar a otras actividades que generaran crecimiento económico.
La corrupción es pues, desde mi perspectiva, un efecto y no una causa. Es un efecto del costo creciente de la legalidad. Por lo tanto, un análisis económico de la ley resulta indispensable para entender el problema de la corrupción, la cual sería una consecuencia de una mala economía de la ley, es decir, cuando el costo de la legalidad excede a su beneficio, la ley se incumple. Así cuando la ley es excesivamente costosa el individuo se enfrenta a hacer las cosas prohibidas o no hacerlas, esto dependerá de un análisis microeconómico personal de cada individuo.
De esta forma, la corrupción representa una distorsión del comportamiento de los agentes, por lo tanto desde el punto de vista económico es ineficiente, debido a que desaprovecha los recursos escasos. Entonces, ¿cuál es la solución para combatir la corrupción? Esto no se soluciona con campañas de publicidad, se deben aplicar políticas públicas que busquen disminuir el costo de la ley, esta es la solución a largo plazo para terminar con este problema, o al menos reducirla.
Una economía de mercado supone un costo de la legalidad más bajo que una economía intervenida. Dado que la corrupción es menor en un sistema en el cual el costo de la legalidad es bajo (una economía de mercado), es recomendable introducir políticas económicas que fomenten una economía más libre, ya que en este ambiente los condicionamientos institucionales son diferentes y permiten que se compruebe la correlación de que a mayor libertad económica hay menos corrupción.
2 comentarios:
Pues si, por que si la multa de transito fuera barata y mejor aun el sistema de cobro fuera mas eficiente, como por ejemplo con tarjeta de credito o cargado al recibo del telefono, ¿quien mierdas daria mordida? ¿es algo asi?
Sí, no sólo es eso, también si las leyes son más sencillas de cumplir se reduciría la corrupción, porque si lo que buscas es disminuir la maraña burocrática pues estas dispuesto a pagar por que te resuelvan las cosas más rápido.
Gracias por el comentario.
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